España, fuera de la alianza europea que se enfrenta al dumping

Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia. Nueve países forman parte de la llamada ‘Alianza por la Carretera’, en la que no está España.

Lejos de la acción conjunta europea

Firmado en París en el comienzo de este año, el acuerdo busca poner freno a la competencia desleal procedente de países que operan con menores costes. La sorpresa es que España se quedó al margen.

Esta acción conjunta combatirá la desventaja que supone para los transportistas de estos país competir con los profesionales de empresas que se aprovechan del dumping social para deslocalizarse y operar con un volumen de gastos inferior. En especial, contratando a conductores originarios de los antiguos países del Este de Europa. El objetivo es defender un transporte por carretera de mercancías en el que todos los operadores económicos jueguen con las mismas cartas y en el que los derechos de los trabajadores estén garantizados.

En qué consiste la alianza

La ‘Alianza por la Carretera’ consta de 8 medidas en su plan de acción. Todas convergen en dos campos:

• Hacer que las medidas nacionales concurran con la la normativa europea, con el fin de que su aplicación en las empresas de transporte sea más sencilla.
• Mejorar la vida de los trabajadores aumentando las prácticas de control y reforzando la cooperación entre países para luchar contra el fraude de una forma más eficaz.

Las instituciones comunitarias llevan años tratando de gestionar un conflicto enquistado y que tiene su raíz en que los conductores de algunos países del Este de Europa operan en condiciones consideradas abusivas. Las empresas que los contratan reducen así unos costes laborales muy inferiores a los que se dan en el resto de estados miembros de la UE.

Reacciones de los transportistas españoles

El hecho de que el Gobierno de España no haya querido firmar el acuerdo ha originado opiniones opuestas entre los diversos colectivos de conductores profesionales.

• En contra. La opinión más crítica procede de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, (FENADISMER), que mostró su disconformidad y pide al Gobierno español que aplique la directiva europea sobre el desplazamiento de trabajadores a la  legislación española. La federación, que agrupa a las pequeñas y medianas empresas de este sector, reclama que de esta forma se proteja el salario mínimo frente a los abusos de las empresas deslocalizadas en países del Este, que ya se han hecho con el 25% del transporte internacional con origen o destino en España.

• A favor. La Asociación de Transporte Internacional de Carretera (ASTIC) califica estos acuerdos de proteccionistas y, por lo tanto, opuestos a las políticas de la Unión Europea. También alerta de que la medida, tomada de forma unilateral, es puesta en marcha por una serie de países que representan el 40 por 100 del PIB europeo. ASTIC defiende que los profesionales del transporte por carretera tienen una alta movilidad intrínseca a su trabajo, por lo que deberían estar fuera de la directiva europea para trabajadores desplazados. Además, denuncia que estas iniciativas estigmatizan al resto de países como incumplidores de las normativas europeas y poco preocupados por el trato que reciben sus trabajadores.