El conflicto de la estiba en un costoso bloqueo

Como se esperaba, el Congreso rechazó el Real Decreto que quería poner en marcha el Gobierno para ajustar el sector de la estiba a las exigencias de liberalización de la Unión Europea. ¿Cuál es el coste de ello?

Bloqueo y multa añadida por la estiba

De momento, una multa de 134.107 euros al día desde que el tribunal europeo emita la segunda sentencia condenatoria, lo que ocurrirá en los próximos días.

La importante cantidad de la sanción aplicada por Bruselas se prolongará hasta que España dé luz verde a una nueva normativa que sí cumpla con los requerimientos que llegan de Bruselas, algo que por el momento no se vislumbra. La multa se añade a la que ya falló en 2014 el Tribunal de Justicia de la UE, que ya alcanza un importe de 23 millones.

El decreto Ley, tumbado por los 175 votos en contra frente a los 142 a favor (y 33 abstenciones) deja a España en una situación ante las instituciones europeas que no se había producido en la historia. Todo ello a pesar de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, había pedido al resto de formaciones “sentido de estado” y un voto para impedir un “daño a todos los españoles”.

Repercusiones para el transporte por carretera

El enconado conflicto afecta directamente a la cadena de trabajo del sector de la estiba, en especial al transporte por carretera, aunque el hecho de que los sindicatos hayan desconvocado los paros ha permitido tomar aire a los profesionales del camión. Con todo, desde el sector se contempla con preocupación el bloqueo de las conversaciones.

Hay que recordar que el Gobierno presentó esta semana un plan por el que se garantizaba el empleo de casi todos los 6.150 trabajadores de la estiba. Además de ello, la Administración está dispuesta a asumir indemnizaciones y las prejubilaciones para que no tengan que hacerlo las empresas. También desde el Ministerio de Empleo se ha asegurado que se realizarán aportaciones en forma de ayudas complementarias al sector para que el empleo se mantenga.

Los sindicatos, por su parte, consideran que el Real Decreto excede las exigencias de Bruselas y que se trata, en realidad, de un Expediente de Regulación de Empleo sufragado por la Administración.

¿Cuál es el siguiente paso?

El Ejecutivo tendrá que presentar de urgencia un proyecto de ley o bien otro Real Decreto. La negociación entre patronal y sindicatos seguirá su curso y a la vez se pondría en marcha este nuevo proceso legislativo, en paralelo. Por otra parte, el socio del Partido Popular en el Congreso, Ciudadanos, sostiene que no se abstuvo de apoyar al Gobierno por no estar de acuerdo con el cambio legislativo, sino porque éste eligiera una fecha para la votación a su juicio precipitada cuando tenía de plazo hasta el 2 de abril para proponerla. Ello hace pensar que, en el futuro, sí puede obtener el respaldo de la formación naranja.

El Gobierno debe ahora reconducir la negociación, confiar en que prosperen los encuentros entre la patronal y los trabajadores y recoger esos acuerdos en otra propuesta que el Congreso sí esté dispuesto a apoyar. Tarea complicada, pero la única vía posible para desencallar la crisis y evitar que la multa siga creciendo.